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28 Diciembre 2020

Perú: no una, sino muchas crisis

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Durante noviembre pasado, Perú tuvo tres presidentes: a la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral declarada por el Congreso, se sumó el brevísimo gobierno de menos de una semana de Manuel Merino, quien renunció por la presión popular, y la posterior asunción de Francisco Sagasti, luego de un frustrado primer intento del Congreso por nombrar al sucesor.

Este panorama es el corolario del debilitamiento paulatino de las instituciones políticas, que se inició a fines de los años 90 y se profundizó durante estas primeras décadas del siglo XXI. En estas breves líneas trataremos de analizar algunos factores que han contribuido a que el sistema político peruano llegue a tan delicada situación y los desafíos que el país deberá enfrentar para dotar al sistema de mayor estabilidad.

La debilidad endémica del sistema de partidos

Nada o muy poco queda de los partidos políticos que protagonizaron la transición a la democracia en los años 80: estos han visto severamente minimizada su presencia en el espectro político, o derechamente han desaparecido. Y los referentes políticos que surgieron desde el término de la era Fujimori, en el año 2000, son más bien asociaciones con fines electorales.

En este escenario, el sistema de partidos es manifiestamente volátil, con organizaciones que aparecen y desaparecen en cada contienda electoral. Las definiciones e identificaciones programáticas y doctrinarias -que debieran ser el elemento aglutinador de cada partido-, ceden el paso a liderazgos personales específicos, que pueden resultar eficaces para ganar una elección presidencial, pero no para constituir una alianza estable y cohesionada de gobierno; mucho menos para proyectarse a la elección siguiente y garantizar la continuidad de su proyecto.

Un parlamento confrontacional y fragmentado

El Congreso peruano es unicameral y está compuesto por 130 miembros. La mayoría simple se obtiene con 66 votos, mientras que la mayoría calificada requiere las dos terceras partes (87 votos).

Los cuatro presidentes electos en los últimos veinte años (Toledo, García, Humala y Kuczunsky) afrontaron escenarios muy similares: las alianzas electorales que los llevaron al poder se deshicieron durante sus mandatos, nunca tuvieron mayoría parlamentaria y, además, enfrentaron una oposición que los mantuvo permanentemente en jaque, junto con un parlamento obstruccionista y en algunos episodios, derechamente hostil.

El punto cúlmine de esta perniciosa tendencia lo representa Kuczynski, quien inició su periodo con únicamente 18 parlamentarios oficialistas. Con la oposición cruzada entre Fuerza Popular y el izquierdista Frente Amplio, Kuczynski sufrió la pronta censura de su gabinete y las dos mociones de vacancia que finalmente gatillaron su renuncia.

Al asumir Martín Vizcarra, se convirtió -en la práctica- en un presidente sin partido ni bancada oficialista, pero que contaba con un importante apoyo popular, mientas que el Congreso era cada vez más criticado por la ciudadanía.

Cuando Vizacarra tomó la decisión extrema de disolverlo y convocar a elecciones parlamentarias para enero de 2020, su popularidad se disparó a casi el 80%. Pero el Congreso recién elegido reprodujo muy rápidamente el mismo patrón fragmentado y confrontacional, lo que terminó con la declaración de vacancia de la presidencia, el brevísimo “interregno” de Merino, y el posterior nombramiento de Sagasti, cuyo referente político, el Partido Morado, tiene únicamente nueve congresistas.

En suma, en los últimos veinte años se ha reiterado la misma situación: un Congreso que no cuenta con una segunda cámara que pueda revisar las decisiones de una mayoría fragmentada pero empoderada, un Poder Ejecutivo con una alianza de gobierno débil y sin mayoría parlamentaria, y una escasa cultura de negociación entre el Ejecutivo y el Parlamento, cuyas relaciones están marcadas por la obstrucción, haciendo prácticamente imposible la generación de acuerdos nacionales capaces de trascender al gobierno de turno.

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Corrupción y desencanto ciudadano

Todos los ex presidentes mantienen acusaciones pendientes por distintos actos de corrupción, situación que atraviesa también a todas las fuerzas políticas y en todos los niveles: parlamentario, regional y municipal. La instrumentalización del combate a la corrupción, donde tanto acusados como acusadores levantan casos ante la opinión pública solo para debilitar a sus adversarios políticos, es evidente.

En ese contexto, el desencanto ciudadano con su clase política va en aumento. Nueve meses después de elegir al nuevo Congreso, el reclamo generalizado de “no nos representan”, plantea a la ciudadanía el doble desafío de evaluar con mayor cuidado sus preferencias electorales, abandonando patrones “clientelísticos”, y de generar espacios de diálogo y empoderamiento ciudadano que sirvan de control eficaz a la clase política.

La no reelección inmediata en los cargos de elección popular aprobada durante el gobierno de Vizcarra, pretende acelerar un proceso de renovación de la gastada clase política, pero queda todavía mucho por andar en términos de combate a la corrupción y empoderamiento ciudadano, para cerrar así la brecha de representación.

¿Una nueva Constitución de cara al Bicentenario?

Varios son los desafíos que enfrentará el gobierno de Sagasti en los escasos nueve meses que durará su gestión. En primer lugar, debe conducir el proceso eleccionario de abril de 2021 y asegurar la investidura del nuevo gobierno en julio del próximo año. Paralelamente, tendrá que enfrentar la emergencia sanitaria producto del COVID y revitalizar la economía, fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia. Para ello, deberá quebrar el circulo vicioso que ha marcado las relaciones entre la presidencia y el parlamento en las últimas dos décadas.

En los últimos días, ha aflorado desde distintos sectores y cada vez con más fuerza, la necesidad de una revisión profunda del sistema político y del modelo económico, así como el establecimiento de un nuevo pacto social que supere estas deficiencias estructurales y conduzca al país por la senda de estabilidad y el desarrollo.

El debate sobre una nueva Constitución ocupará, sin duda, un lugar fundamental en el gobierno del Bicentenario que se elija en abril próximo, y que esperamos tenga una mejor perspectiva que sus predecesores, para bien de la frágil democracia peruana y sus ciudadanos.

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Jessica Smith Altamirano
Abogada, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Magíster en Ciencia Política con mención en Política Comparada, Universidad de Chile.
Profesora asociada Universidad Finis Terrae.
Directora de Desarrollo Académico Universidad Finis Terrae.

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Crisis, Perú