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24 Junio 2021

El fantasma de la violencia que no deja a Colombia

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María Ignacia Matus M.
Boletín Observatorio Internacional
No. 53 / Mayo-junio 2021
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Universidad Finis Terrae

El recrudecimiento de la violencia que ha azotado a Colombia en las últimas semanas trajo a la memoria los tristes y sangrientos pasajes de la historia del país cafetero. Una “cultura de la violencia” que difícilmente ha podido ser erradicada, aun cuando se pensaba que la desmovilización de las ex FARC, contribuirían a la tan ansiada paz. La propuesta de la denominada “Ley de solidaridad sostenible”, por parte del gobierno de Iván Duque, inició un nuevo episodio de violencia, que en tan solo 13 días dejó cerca de 50 fallecidos.

Con el fin de incrementar las arcas fiscales para financiar programas sociales, esta reforma tributaria contemplaba, entre otras iniciativas, el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), correspondiente al 19% en Colombia, a productos y servicios básicos como la luz, agua y gas. Además, el cobro de impuesto a la renta de personas que ganaran mensualmente más de US$ 663, teniendo en consideración que el salario mínimo en Colombia es de US$ 234. Por otra parte, quienes tuvieran un patrimonio superior a US$ 1,35 millones se les agregaría un impuesto adicional al de la renta de un 1%, mientras que para quienes tuvieran un patrimonio superior a US$4 millones, este cobro sería de un 2%.

Recaudación que de acuerdo al propio ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un 73% provendría de las personas y el resto de las empresas, afectando con ello mayoritariamente a sectores de la clase media, los más golpeados por la pandemia.  

El fuerte rechazo ciudadano, así como el paro nacional iniciado el 28 de abril, obligó a Duque a retirar el proyecto, a lo que siguió la renuncia de Carrasquilla. Sin embargo, esto no frenó el descontento.

Es que la reforma fue solo el detonante de demandas insatisfechas de años de malestar, que sumado a las consecuencias de la pandemia, el retraso del proceso de vacunación, el criticado actuar de organismos públicos y la falta de presencia del Estado, han iniciado un nuevo espiral de violencia.

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La sombra de la violencia

Su antecedente más reciente se encuentra en el 21 de noviembre de 2019, recordado por muchos como un día histórico en que los colombianos salieron en masa a protestar por reformas en el ámbito laboral y de pensiones, principalmente. En forma inédita, los cacerolazos se escucharon por barrios de distintos sectores socioeconómicos, dejando además de manifiesto que ya no existían ciudades marcadas por una afiliación política, sino más bien, era posible observar una diversificación política. 

El último gran paro había sido en 1977, como una reacción a la dura crisis económica por la que atravesaban. Posteriormente, si bien se realizaron paros y manifestaciones, como el paro agrario de 2013 o en 2016 las manifestaciones tras el rechazo del acuerdo de paz, “este paro (año 2021) tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años (…) La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro. Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, indicó el historiador Jorge Orlando Melo.  

Otro importante elemento que compone el actual escenario es el incremento de las masacres, que hacen recordar el terror de los peores años que vivió Colombia, cuando el terrorismo se apoderó del país de la mano de las ex FARC y los carteles de droga.

De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, solo en lo que va del año 2021, se han producido 35 masacres que han cobrado la vida a 132 personas. En 2020, se produjeron 91, con 381 fallecidos.

Ante estos hechos, las luces de alertas se han encendido rápidamente. “Este momento es muy, muy peligroso (…) La historia en Colombia es que cuando se inicia una ola de violencia, se acelera y es muy difícil de detener”, señaló Elizabeth Dickinson, analista para el International Crisis Group en Colombia.

A más de cuatro años de la firma de los acuerdos de paz, un nuevo ciclo de violencia se ha expandido por el país. La exitosa desmovilización de las FARC, que a la fecha ha logrado mantener a más del 90% de los ex guerrilleros dentro del proceso de reincorporación, dio paso a una cruenta lucha por el control de los territorios que dejó la guerrilla, en los cuales ahora bandas criminales continúan con el cultivo de la coca y la minería ilegal. Territorios en los que aun el Estado no ha logrado tener presencia.  

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En un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se indica que “la violencia organizada continúa y en los años recientes se ha hecho más intensa (…) durante la negociación con las FARC se salvaron cientos de vidas, en la implementación, la violencia en los municipios afectados por el conflicto se incrementó en el pos acuerdo (…) Persisten las disputas por el poder local con interés en economías ilícitas, mientras que la ideología se debilita”.

Ad portas de una nueva contienda electoral (2022), el presidente Duque, quien cuenta con 33% de aprobación y 63% de desaprobación según la reciente encuesta Invamer, aun habiendo retirado el controvertido proyecto de reforma, no logró apaciguar las protestas, obligándolo a iniciar negociaciones para lograr consensos con los distintos actores.

Por otra parte, el logro de una paz sostenible y duradera en el tiempo, se mantiene como uno de los principales desafíos del país, así como erradicar las condiciones que permitieron el surgimiento de grupos subversivos y la inserción de Colombia en el mapa mundial de la droga.

María Ignacia Matus M.
Boletín Observatorio Internacional
No. 53 / Mayo-junio 2021
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Universidad Finis Terrae